La reforma de la Política Agraria Común (PAC) está un paso más cerca. Este viernes el Parlamento Europeo ha terminado de votar las enmiendas presentadas a la reforma de las directrices que regularán el campo europeo entre 2023 y 2027.
La aprobación de la Eurocámara llega en la misma semana en la que los países de la Unión Europea (UE) acordaron su posición sobre esa reforma, que ahora tendrá que ser negociada entre Consejo Europeo y Parlamento Europeo.
La próxima PAC ha sido aprobada con una amplia mayoría. Socialistas, populares y liberales han votado a favor, pero los partidos verdes han mostrado su oposición frontal, ya que critican que la reforma no cumple con los objetivos del Pacto Verde Europeo.
En la misma línea se han expresado organizaciones ecologistas como WWF o Seo/Birdlife, que han criticado que los reglamentos aprobados «imposibilitan una futura PAC verde y justa y torpedean el cumplimiento de los compromisos ambientales» de la UE.
Una vez adoptada, la PAC contará con un presupuesto de casi 390.000 millones de euros, de los cuales 291.100 millones están previstos para los pagos directos del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y 95.500 millones para las ayudas del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). España recibirá unos 47.700 millones de euros.
Pistoletazo de salida a la negociación con los países
Los eurodiputados se han pasado la semana votando casi 2.000 enmiendas a los tres reglamentos que compondrán la futura PAC: el de planes estratégicos, el de la organización común de mercados y el «horizontal».
«Las negociaciones entre el Consejo y el PE podrán empezar pronto. Es hora. La agricultura europea necesita claridad para los próximos años», dijo el presidente de la comisión de agricultura del Parlamento Europeo, Norbert Lins
Esta negociación, sin embargo, no será fácil y se espera que haya importantes puntos de desencuentro. El principal será, previsiblemente, el umbral mínimo que tendrá que destinarse a los regímenes en favor del clima y el medio ambiente (los ecoesquemas). Se trata de una ayuda adicional que los Estados miembros tendrán que pagar a los agricultores y ganaderos que quieran ir más allá de los requisitos ‘verdes’ obligatorios.
Los ministros de Agricultura acordaron que estos programas tuvieran reservado un 20% del presupuesto de pagos directos de la PAC. Sin embargo, los eurodiputados son partidarios de que estos ecoesquemas cuenten con una dotación mínima del 30% de dicha parte del presupuesto.
Polémica por la definición de «agricultor genuino»
Otro elemento que puede general fricciones en las negociaciones será la definición de los productores verdaderos que podrán tener acceso a las ayudas europeas. La Eurocámara quiere garantizar que sus pagos llegan únicamente a aquellos profesionales que desarrollen «al menos un nivel mínimo de actividad agraria» y que queden excluidos de las ayudas los gestores de aeropuertos, servicios ferroviarios o instalaciones deportivas y recreativas.
Los Estados, por su parte, pretenden que el concepto de «agricultor genuino» sea establecido a nivel nacional.
