Fuente: Soria Noticias // Red SSPA
La pasada semana el Consejo Europeo aprobó el Mecanismo que regula el destino de los fondos de Recuperación y Resiliencia. FOES, CEOE CEPYME Cuenca y CEOE Teruel han querido aprovechar la ocasión para abordar esta cuestión con representantes del Parlamento y la Comisión Europea.
Las organizaciones empresariales de Cuenca, Soria y Teruel trasladan a Bruselas su visión sobre el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
Las CEOEs de Cuenca, Soria y Teruel, creadoras de la Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa (Red SSPA), se han reunido con representantes del Parlamento y la Comisión Europea al objeto de comentar los avances de las políticas y fondos europeos, y proponer herramientas capaces de revertir el desequilibrio entre los territorios más despoblados y las grandes ciudades.
La intensa semana de reuniones telemáticas ha incluido un encuentro con las europarlamentarias españolas, Isabel Garcia, Mazaly Aguilar, Cristina Maestre y con los gabinetes de las europarlamentarias Susana Solís e Isabel Benjumea, y una videoconferencia con la persona del Gabinete de la Comisaria Europea de Cohesión y Reformas, Elisa Ferreira, que se ocupa de la política de desarrollo territorial y ayuda estatal, Carole Mancel-Blanchard.
Para las CEOEs de Cuenca, Soria y Teruel es fundamental que estas rondas de contactos sirvan para que, a través de las políticas comunitarias y de los fondos europeos, se den respuestas a las necesidades de las zonas escasamente pobladas y con desventajas demográficas graves y permanentes. Por ello, las Confederaciones de empresarios han dado a conocer a los representantes de las instituciones europeas, que tendrán un rol importante en las distintas fases de aprobación y ejecución de los proyectos, su propuesta relativa al Plan de Recuperación y Resiliencia ‘5 for rural’, como un proyecto integral que puede servir de ejemplo para el resto de territorios rurales despoblados tanto de España como de Europa.
Además, los contactos han servido para dar seguimiento a las anteriores reuniones mantenidas con las diputadas europeas en el último trimestre de 2020, tratando otros asuntos fundamentales para estas áreas como son los avances en la aprobación de los reglamentos de los fondos europeos, especialmente el FEDER, y de las ayudas de estado, que podrían suponer una reducción del 20% a la Seguridad Social para las empresas de estos territorios.
Por parte de Carole Mancel-Blanchard, durante la reunión se ha destacado como la despoblación es una de las prioridades de la Comisión y por ello, se han comentado los distintos pasos dados, tales como el futuro Marco Financiero y la política de cohesión de 2021-2027, además de los que están por venir, que incluyen la Estrategia de visión a largo plazo de las zonas rurales. La encargada del Gabinete de Cohesión y Reformas ha reconocido las posibilidades que ofrecen las zonas rurales a los problemas causados por la aglomeración en las ciudades, como son el congestionamiento de las zonas urbanas, el precio de la vivienda y la calidad de vida. Además, ha destacado el trabajo que ejercen entidades como la Red SSPA para la construcción de un futuro para estas áreas.
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
Las reuniones se han producido tras conocer la aprobación del Consejo, la semana pasada, del Reglamento que establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, eje central del Plan de recuperación de la UE. El Reglamento que ha sido publicado en el Boletín oficial, tiene como objetivo hacer frente a los efectos de la pandemia de COVID-19, fomentar las transiciones ecológica y digital y construir sociedades más resilientes e inclusivas.
Los Estados miembros recibirán los fondos de Recuperación y Resiliencia en función de sus planes nacionales de recuperación y resiliencia, que actualmente se encuentran en fase de preparación. Posteriormente, los Estados miembros tienen hasta el 30 de abril para presentar sus planes a la Comisión y a continuación, la Comisión dispondrá de un plazo máximo de dos meses para evaluar los planes y, más tarde, el Consejo dispondrá de cuatro semanas para adoptar su decisión con respecto a la aprobación de cada plan.
