Artículo de José C. Rejas, publicado en Cadena SER.
Este pasado martes, 1 de junio, entró en vigor en Castilla-La Mancha la Ley de Medidas contra la Despoblación, una norma pionera en nuestro país con la que el Ejecutivo autonómico quiere ayudar a frenar un problema estructural que afecta a amplias zonas de nuestra comunidad. La norma incluye, por primera vez en nuestro país, ayudas fiscales en el tramo autonómico del IRPF, a partir del próximo 1 de enero, a quienes vivan o emprendan en las zonas con menor densidad de población, con desgravaciones de hasta el 15 por ciento por compra o rehabilitación de vivienda y del 25 por ciento por «estancia efectiva».
El vicepresidente del Ejecutivo autonómico, José Luis Martínez Guijarro, ha explicado en la SER que esa «residencia efectiva se deberá acreditar con el empadronamiento en el municipio, la posesión de una tarjeta sanitaria adscrita a la zona básica de salud a la que se pertenezca y, en caso de tener hijos, con la escolarización en alguno de los colegios o institutos de la localidad o de la comarca en la que se viva. La ley, aprobada por unanimidad en las Cortes regionales el pasado 6 de mayo, también prevé un 40 por ciento de ayuda adicional a las empresas que quieran instalarse en estas zonas y deducciones de 500 euros, durante dos años, por el traslado de vivienda habitual por motivos laborales.
Garantizar servicios públicos
Además, garantiza servicios como la sanidad, el transporte, la atención a la Dependencia o la educación, asegurando un colegio allí donde haya un mínimo de cuatro niños, o haya previsión de haberlos, y sufragando los estudios superiores a las familias con hijos en edad universitaria que mantengan su residencia en estas zonas. «Si la familia permanece en su municipio de residencial habitual en estas zonas financiaremos los estudios a esos chavales, financiación que se podrá reintegrar en buena medida si, al finalizar, se comprometen a volver a su localidad o a otro municipio afectado por la despoblación», señala Martínez Guijarro.
Muchas de estas medidas se deberán concretar ahora en la Estrategia contra la Despoblación, que el Ejecutivo autonómico quiere tener lista este verano con una vigencia de diez años, con dos periodos intermedios de revisión. Expertos en demografía como Ángel Raúl Ruiz, profesor de Geografía Humana de la Universidad de Castilla-La Mancha, subrayan la alta participación en la elaboración de la ley, una ley que, afirma, «será referencia porque es un esfuerzo serio, en este caso por parte de un gobierno regional, para afrontar un reto demográfico que no es nuevo y que tenemos desde hace bastante tiempo».
1.200 millones de euros en ayudas europeas
El texto es un paso más en la lucha contra la despoblación que el Gobierno de Emiliano García-Page puso en marcha la pasada legislatura a través de herramientas como las ITI, con 1.200 millones de euros de fondos europeos movilizados hasta la fecha para dotar a estas zonas de nuevas infraestructuras educativas y sanitarias y ayudar a empresas como las de Francisco Requena o José Manuel Melgoso, que regentan dos alojamientos hosteleros en la Sierra del Segura, en Albacete, y en Mira, en Cuenca. «Si no tienes un apoyo así no te puedes meter en un negocio de esta cuantía», explica José Manuel.
La combinación de algunas de las desgravaciones previstas en la norma hará, subraya Martínez Guijarro, que, en función de los ingresos de cada persona, la tributación en la cuota autonómica del IRPF sea prácticamente nula. El vicepresidente espera además que el Gobierno de España atienda la petición del Ejecutivo de Castilla-La Mancha e incluya medidas de discriminación positiva a favor de estas zonas en los programas y en la distribución de los fondos europeos de recuperación ‘Next Generation’.
